Más de medio millón de cazadores españoles combatirán frontalmente la reforma legal que proyecta el Ministerio de Juventud e Infancia para impedir que los menores de edad puedan asistir o participar en jornadas de caza, una medida que podría suponer el fin de la actividad cinegética al dificultar gravemente el relevo generacional del colectivo.
Preocupación en el sector cinegético
Ante la preocupación generada en el sector cinegético tras el anuncio de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, la Real Federación Española de Caza (RFEC) movilizará todos sus recursos para frenar una iniciativa que atentaría contra la libertad de los cazadores españoles y pondría en riesgo la supervivencia de una actividad esencial para la conservación de la biodiversidad y del mundo rural.
En este sentido, la RFEC señala que, además de solicitar al Ministerio de Juventud e Infancia información detallada sobre el proyecto, iniciará una ronda de contactos políticos a todos los niveles para frenar un ataque que el sector cinegético considera tan grave como el proyecto de Ley de Bienestar Animal, que el pasado 20 de marzo de 2022 movilizó en Madrid a una marea naranja integrada por más de 800.000 manifestantes procedentes de toda España.
La iniciativa impulsada por el Ministerio que dirige Sira Rego
Que se articularía a través de una ampliación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), sostiene que los niños que asisten o participan en jornadas de caza estarían expuestos a riesgos físicos, psicológicos y emocionales, sin aportar datos objetivos ni estudios científicos que respalden esta afirmación, basada exclusivamente en argumentos ideológicos y anticaza.
La RFEC recuerda que la caza es una actividad con un profundo arraigo social y cultural, especialmente en la España rural, donde incontables generaciones se han criado y desarrollado en contacto con la actividad cinegética desde la infancia sin que ello haya supuesto perjuicio físico o psicológico alguno.
“Apelamos al sentido de la responsabilidad del Ejecutivo y a su vínculo con el mundo rural para que ponga freno a una iniciativa que, de consolidarse, provocaría una fortísima confrontación con el sector cinegético. Exigimos coherencia con la Estrategia Nacional Cinegética, en la que una amplia mayoría del Parlamento se comprometió a velar por la continuidad de la actividad, algo imposible sin relevo generacional”, explica Josep Escandell, presidente de la RFEC, quien añade: “No permitiremos bajo ningún concepto que se atente contra la libertad ni contra el derecho de educar a nuestros hijos conforme a nuestros valores”.
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