El sector cinegético exige al Gobierno una exención para la caza ante un reglamento animalista que ignora la realidad del mundo rural.
La Federación Extremeña de Caza (FEDEXCAZA) denuncia que el nuevo reglamento aprobado por el Parlamento Europeo sobre bienestar y trazabilidad de perros y gatos supone un nuevo ataque al mundo rural y a la actividad cinegética, al haberse aprobado sin tener en cuenta de forma real las alegaciones presentadas por el sector.
Ante esta situación, FEDEXCAZA
Exige a los eurodiputados españoles, al Gobierno de España y al conjunto de las administraciones públicas que actúen con urgencia para garantizar que la aplicación de esta normativa en nuestro país no ponga en riesgo la caza mayor, las rehalas y un sector fundamental para el mundo rural.
El reglamento desgraciadamente aprobado por una amplia mayoría del Parlamento Europeo, con 558 votos a favor, 35 en contra y 52 abstenciones
Lo que evidencia la falta de sensibilidad hacia la realidad del campo y la escasa consideración hacia las advertencias trasladadas por el sector cinegético.
FEDEXCAZA recuerda que la Real Federación Española de Caza presentó hasta 12 enmiendas al texto con el objetivo de proteger a los perros de caza y a las rehalas, solicitando su exclusión expresa del ámbito de aplicación del reglamento.
- Sin embargo, esta exclusión no fue aceptada, lo que implica que los perros de caza quedarán sometidos a una normativa que no está diseñada para su realidad.
Desde la Federación Extremeña se insiste en que, aunque se consiguieron introducir algunos avances puntuales gracias al trabajo del sector —como el reconocimiento del corte de rabos por motivos funcionales o sanitarios—, el resultado final sigue siendo profundamente negativo y desequilibrado.
El principal problema del reglamento es su enfoque, basado en criterios amplios y altamente interpretables como el «estado mental» del animal, la necesidad de garantizar «experiencias positivas» o la definición de sufrimiento ligada a la ausencia de estímulos positivos.
Para FEDEXCAZA, estos conceptos no son objetivos ni medibles, y permiten que, en la práctica, se puedan cuestionar actividades como la caza con perros desde el propio marco legal.
A esto se suma un aspecto especialmente grave: el reglamento sí contempla excepciones para otros perros de trabajo, como los utilizados por fuerzas de seguridad o en ganadería, pero deja fuera a los perros de caza, estableciendo un tratamiento claramente discriminatorio que abre la puerta a futuras restricciones contra la actividad cinegética.
Las consecuencias pueden ser especialmente relevantes para las rehalas, ya que la aplicación de la norma introduce limitaciones en el manejo, en las condiciones de alojamiento o en aspectos como la socialización, sin tener en cuenta cómo funciona realmente la caza mayor en España (por ejemplo, la limitación de mantener a los perros atados durante más de una hora, algo inviable en una rehala por cuestiones de control y seguridad). Esto puede dificultar seriamente su actividad e incluso comprometer su continuidad.
Además, el reglamento introduce un elemento especialmente sensible en relación con la cría de perros
Al establecer un régimen limitado de exenciones para quienes no superen dos camadas anuales, siempre que estas estén destinadas a comercialización.
El criterio clave no es solo el número de camadas, sino su destino, ya que cualquier cesión o transmisión a terceros puede ser considerada comercialización.
Esto implica que prácticas habituales en el ámbito cinegético.
Como la cesión o venta de perros entre cazadores o rehaleros.
Pueden suponer la entrada directa en el marco regulatorio, obligando a cumplir requisitos propios de operadores profesionales y reduciendo considerablemente el margen para que estas actividades queden fuera de la norma.
En este mismo sentido, la amplitud de la definición de «comercialización» refuerza esta situación, generando una inseguridad jurídica para miles de cazadores y rehaleros, que pueden verse sometidos a obligaciones desproporcionadas sin desarrollar una actividad económica real.
FEDEXCAZA advierte también del impacto que todo ello puede tener en la gestión del jabalí en España.
Especialmente en el contexto actual de alerta sanitaria en Europa por la Peste Porcina Africana, una enfermedad que obliga a mantener un control riguroso de sus poblaciones.
Limitar la caza mayor y el papel de las rehalas supone, en la práctica, debilitar una herramienta esencial de control poblacional y aumentar los riesgos para la sanidad animal y la ganadería.
El presidente de FEDEXCAZA, José María Gallardo, fue contundente: «Una vez más, el Parlamento Europeo legisla de espaldas al mundo rural. Se ha aprobado un reglamento con un enfoque claramente animalista que discrimina a la caza y que ignora por completo la realidad del campo.
No estamos en contra del bienestar animal, pero sí de normas que, bajo ese pretexto, acaban poniendo en riesgo actividades esenciales como la caza mayor o el control del jabalí«. Con el reglamento ya aprobado, será ahora el Gobierno de España el encargado de su adaptación a la normativa nacional, en un plazo aproximado de dos años.
FEDEXCAZA considera este proceso clave y exige que se establezca una exención expresa para la caza y los perros de caza.
Reconociendo su condición como perros de trabajo y evitando que esta normativa se convierta en un obstáculo insalvable para el sector.
La Federación concluye que este reglamento refleja una visión alejada de la realidad del mundo rural, en la que se imponen criterios generales sin atender a las particularidades de actividades como la caza, fundamentales para la gestión del territorio, la biodiversidad y la sanidad animal.
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