La Federación Extremeña de Caza reclama a Unidas por Extremadura -la formación que lidera Podemos- que aplique criterios técnicos y no ideológicos a la hora de intentar regular la actividad cinegética en los terrenos afectados por incendios. Y es que esta formación ha presentado en la Asamblea de Extremadura una iniciativa que apuesta por prohibir la caza durante tres años en terrenos afectados por incendios.
FEDEXCAZA lamenta que se lance una propuesta de este tipo que carece totalmente de fundamento técnico o científico y que responde, únicamente, a la insistencia de Podemos por acabar con la caza. Y lo hace siguiendo el dictado de la ideología animalista y ecologista más radical, con la que pretenden acabar con los escasos recursos de los que dispone el mundo rural.
Lo demuestra, una vez más, con una propuesta no tiene en cuenta dos factores fundamentales: que ya hay en Extremadura herramientas legales para regular las actividades productivas en zonas afectadas por incendios; y que no se puede generalizar en los incendios porque es imprescindible un estudio personalizado que adapte las medidas a las particularidades de cada caso.
Para la Federación Extremeña de Caza es imprescindible huir de la pretensión de prohibir la actividad cinegética a toda costa, por motivos ideológicos y oportunistas, aprovechando la coyuntura (en este caso la desgracia de haber padecido un incendio). Además, no debe plantearse la prohibición de la caza como una especie de castigo hacia los titulares de los cotos, presuponiendo que el origen del incendio pueda tener relación con la actividad cinegética. Ambas posturas, añade la entidad, tan sólo podrían agravar el problema e, incluso, a provocar que algunos desaprensivos pudieran llegar a emplear el fuego como herramienta para prohibir la caza.
La respuesta es sencilla: las limitaciones a la actividad cinegética deben ser las mínimas posibles, pudiendo realizarse siempre que esta no dificulte la regeneración vegetal, no suponga una presión excesiva sobre las especies cinegéticas afectadas o una caza en situación de desventaja de determinadas especies al carecer de la necesaria vegetación para refugiarse.
En definitiva, no es técnicamente adecuado establecer en todos los casos la prohibición de la actividad cinegética en las zonas quemadas y mucho menos fijar por norma un plazo inamovible para esta prohibición, debiendo valorarse en cada caso la conveniencia de tales medidas, las especies y/o modalidades cuya caza es recomendable prohibir y la posibilidad de realizar acciones de control poblacional y otras medidas de gestión cinegética compatibles con la recuperación de la cubierta vegetal y el fomento de las especies de fauna.
A esto se suma el impacto socioeconómico de la caza en Extremadura, con un valor total superior a los 400 millones de euros anuales y la generación de más de 90.000 jornales en temporada. En Extremadura se organizan alrededor de 1.800 monterías cada temporada y se abaten más de 24.000 jabalíes y 37.000 ciervos.
Teniendo en cuenta que la generación de esa riqueza y empleo se concentran, además, en zonas rurales con problemas de despoblación, cualquier prohibición o limitación de la caza debe estar técnicamente justificada y durar lo menos posible a fin de minimizar su impacto.
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